El Servicio Público Provincial de Defensa Penal contrata servicios profesionales para atender necesidades específicas que exigen la intervención de especialistas de diversas disciplinas, cuando las tareas no pueden ser asumidas por el personal de planta permanente por su naturaleza, transitoriedad, profesionalidad o excepcionalidad. Estas contrataciones están reguladas por el artículo 169 de la Ley provincial 12.510 de Administración Pública y su Decreto reglamentario N.º 2038/13.

Las personas contratadas deben acreditar que no incurren en ninguna causal de incompatibilidad para desempeñar funciones en el Estado, conforme a lo previsto en la Ley provincial 10.469, y respetar las demás condiciones establecidas en la Resolución 33/2015 de la Defensoría Provincial.