La Defensoría Provincial recorrió tres centros de detención de personas en Rosario

Registro Provincial de Torturas y demás afectaciones a los DDHH 17/06/2017 · 12:42

El día viernes 16 de junio, la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, conjuntamente con los integrantes del equipo del Registro de Torturas, Malos Tratos y demás afectaciones a los Derechos Humanos, Subsecretaria Lic. Lorena Negro, Dr. Esteban Montenovi y Tco. Ariel Peralta, realizaron una inspección no anunciada a las comisarías 7º y 10º, y a la Unidad Penitenciaria Nº 6, todas ellas de la ciudad de Rosario, con el objetivo de relevar el estado de situación general del establecimiento y las condiciones en que los internos se encuentran privados de su libertad.

En primer lugar, los miembros de la Defensoría Provincial visitaron las instalaciones de la Comisaría 7º. Vale destacar que desde mayo las celdas de la seccional ya no alojan presos. En la Planta Alta del establecimiento funciona una Unidad de Detención de Mujeres menores de edad, que depende de la Dirección de Justicia Penal Juvenil en la que se hallan alojadas dos adolescentes que participan de programas propios del sistema, con intervención judicial y de los equipos de la Dirección. A su vez funciona otro lugar de detención de mujeres que actualmente resguarda dos internas policías con condenas no firmes.

Luego de ello, los integrantes del SPPDP se dirigieron hacia la Comisaría 10º, donde nuevamente relevaron el estado de situación del establecimiento. En dicho marco, sólo se encontraba detenido un varón que había sido trasladado unas horas antes hacia allí.

Finalmente, la Defensora Provincial y el equipo de la Subsecretaría del Registro de Torturas, Malos Tratos y demás afectaciones a los DDHH recorrieron la Unidad Penitenciaria Nº 6. En dicho marco las autoridades concretaron una reunión con los responsables del penal, para luego realizar un exhaustivo recorrido de todas las instalaciones. Allí, los integrantes del SPPDP recorrieron los pabellones y solicitaron información acerca de las actividades educativas, laborales, servicios de salud, alimentación, regímenes de visitas y comunicación con el exterior, con el objetivo de evaluar el acceso a sus derechos por parte de las personas alojadas.

En cuanto a los principales hallazgos obtenidos por la Defensa Pública en estas dos jornadas de inspecciones, que incluyeron además la inspección en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero el día jueves, el equipo se halla abocado al análisis de la información recabada a fin de elaborar un informe para el registro y realizar los reclamos que corresponden ante las autoridades competentes.

Con las recorridas realizadas en las comisarías 7º, 10º y el establecimiento penitenciaria Nº 6, ya son diez las inspecciones efectuadas personalmente por la Defensora Provincial junto con su equipo en centros de detención de la Provincia de Santa Fe.

Inspecciones de la Defensa Pública a centros de detención provinciales

Las inspecciones a los establecimientos de encierro de personas presentan, en lo inmediato, los siguientes objetivos específicos: investigar y evaluar el estado de las personas que se encuentran en situación de encierro y las condiciones generales de privación de la libertad, contemplando las condiciones de habitabilidad del edificio. Se evalúa el respeto de los derechos de las personas encerradas y, las medidas jurídico administrativas establecidas y aplicadas dentro del lugar inspeccionado, el régimen de actividades y contacto con el mundo exterior, el acceso a la atención médica, el trato del personal para con las personas encerradas y el trato entre las personas privadas de libertad.

El monitoreo de lugares de detención no sólo tiene una finalidad preventiva, sino que también aspira a generar, desde el SPPDP, respuestas inmediatas a los problemas que afectan a las personas encerradas al visibilizar los mismos. Por ello, se documentan con la mayor objetividad y detalle posible las condiciones de encierro que luego determinarán las políticas de abordaje.

Además, dichas inspecciones constituyen una valiosa herramienta para prevenir la tortura y los malos tratos de las personas sometidas a encierro, resultando un imperativo legal para el SPPDP.