La Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (REDPO), en el encuentro realizado en el año 2007 en la ciudad de Asunción,  estableció el 22 de noviembre como “Día oficial de la Defensoría Pública del Mercosur” en conmemoración a la fecha en que se procedió a la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Dicha Convención establece en su art. 8 como garantía judicial mínima “el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”.

El Consejo de Mercado Común del MERCOSUR mediante Recomendación Nº03/17 sobre “Defensa Pública Oficial y su fortalecimiento como garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad” instó a los Estados Partes y a las instituciones de defensa pública oficial a procurar el absoluto respeto a las garantías de los defensores públicos en el ejercicio de sus funciones y las equiparaciones con los demás operadores jurídicos en todos los aspectos que hacen al desempeño y ejercicio de sus cargos, a los efectos de asegurar la igualdad de armas como condición esencial para garantizar el cumplimiento de los principios mencionados.

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal afianza su compromiso para garantizar la autonomía e independencia del organismo, actuando coordinadamente en la defensa de los derechos individuales de las personas, sobre todo de aquellos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, posibilitando el acceso a justicia de todas y todos, y la plena vigencia de los Derechos Humanos.