Durante las jornadas del XII Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal, desarrolladas los días jueves 23 y viernes 24 de octubre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS-UNL), integrantes del Ministerio Público de la Defensa (MPD) participaron como panelistas y moderadores en diversas mesas temáticas, abordando los desafíos actuales del proceso penal en la provincia de Santa Fe.

Apertura del Congreso

El acto inaugural tuvo lugar el jueves en el Aula Alberdi de la FCJS-UNL y contó con la participación de autoridades de los organismos coorganizadores. En representación del Ministerio Público de la Defensa, la Defensora General Dra. Estrella Jorgelina Moreno Robinson ofreció unas palabras en las que destacó la relevancia de este Congreso, el primero que se realiza desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución Provincial.

Primera jornada: Juicio por jurados, investigación penal y justicia penal juvenil

Durante el primer día de actividades, la Defensora Pública Dra. Virginia Balanda participó como panelista en el espacio titulado “Juicio por jurados”, donde presentó la ponencia “En la búsqueda de la imparcialidad. Consideraciones sobre la audiencia de voir dire”.

En su exposición, Balanda abordó el trabajo de la Defensa en el primer juicio por jurados realizado en la ciudad de Santa Fe.

Asimismo, la Defensora Pública Dra. Florencia Chaumet integró el panel “Justicia Penal Juvenil”. La ponencia presentada por la Dra. Chaumet, señaló una serie de problemas que obstaculizan el pleno ejercicio del derecho de defensa especializada. La presentación también puso el foco en la necesidad de consolidar la especialidad del fuero juvenil en todos los niveles —desde jueces y fiscales hasta personal administrativo—, así como en garantizar la presencialidad de los adolescentes en las audiencias y un tratamiento acorde con la finalidad pedagógica del proceso.

Por su parte, el Defensor Regional de Rafaela, Dr. Carlos Flores Zanella, tuvo a su cargo la moderación del panel “Investigación Penal Preparatoria y etapa intermedia: incidencias de las sucesivas reformas legislativas”. 

Segunda jornada: Salud mental, microtráfico y ejecución penal

En el espacio “Incidencia de las problemáticas de salud mental en el proceso penal”, moderado por la Defensora Pública Dra. Silvia Couselo, el Defensor Regional de Rosario, Dr. Martín Riccardi, presentó su ponencia “El problema de las medidas de seguridad y las internaciones provisionales en el sistema penal santafesino”, en la que expuso los problemas que enfrentan las personas con padecimientos mentales dentro del sistema penal, especialmente por el uso indebido de las medidas de seguridad y las internaciones prolongadas. 

Señaló como un desafío para la reciente Defensa Pública integral la necesidad de profundizar el trabajo articulado entre el MPD, el Ministerio de Salud, las defensas civiles y los efectores sanitarios, promoviendo intervenciones terapéuticas y comunitarias que eviten el recurso al encierro y al ámbito penitenciario.

De este espacio también participó el Secretario de Política Institucional, Gestión Defensiva y Litigio Estratégico del MPD, Dr. Martín Cáceres. 

El segundo panel del día, titulado “Microtráfico”, contó con la participación del Defensor Público Dr. Orlando Toniolo, quien expuso sobre “La frontera difusa entre consumo y tráfico: la defensa frente a la ambigüedad típica del microtráfico”, donde realizó un recorrido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de estupefacientes, repasando los fallos más emblemáticos que marcaron la evolución del criterio sobre el alcance del derecho a la privacidad y los límites de la punibilidad de la tenencia para consumo personal, al tiempo que planteó interrogantes y debates pendientes en el plano social y jurídico.

Por último, en la mesa titulada “Ejecución Penal”, el Defensor Público Dr. Sebastián Moleón presentó la ponencia “La ejecución penal, ¿un proceso de ‘conocimiento’?”, en la que analizó los desafíos que implica la constitucionalización del proceso de ejecución y la necesidad de concebirlo como un espacio con garantías propias del debido proceso.

Destacó, además, las zonas críticas vinculadas a los informes criminológicos y la importancia de la intervención de la defensa en la generación y control de esa información.